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Ciudad de México. Los 22 gobernadores de la cuarta transformación expresaron su “absoluto rechazo” a las “conductas” de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismas que, señalaron, “con toda intencionalidad política pretenden obstruir, fuera de sus facultades estrictamente constitucionales y jurídicas, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador».
Se pronunciaron porque los integrantes de la SCJN sean electos, de igual forma en que se elige a los integrantes del Poder Legislativo y al titular del Ejecutivo, y no “a través de componendas partidistas y favores presidenciales a unos cuantos, sino a través del voto universal, libre, directo y secreto del pueblo de México”.
Los mandatarios indicaron este domingo que al impedir la distribución de los nuevos Libros de Texto Gratuito en algunos estados, se muestra «su actitud como servidores de grupos de interés y facciones conservadoras y no del pueblo de México”. Asimismo, los acusaron de proteger a evasores fiscales.
En referencia al proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales y que retiró antes de su presentación el miércoles pasado, en el que proponía sancionar hasta con la separación de su cargo al presidente de la República por no ratificar a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los gobernadores morenistas definieron dicho proyecto como un “máximo absurdo”.
Afirmaron que buscaron de manera fallida “destituir al propio presidente de la República, cuyo mandato proviene directamente de la inmensa mayoría del pueblo y no de las componendas en lo oscuro de unos pocos, como es su caso».
En un desplegado conjunto difundido por el presidente del consejo nacional de Morena, Alfonso Durazo -y quien como gobernador de Sonora es uno de los 22 firmantes junto con el gobernador de San Luis Potosí, del Partido Verde Ecologista, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México-, subrayaron que la SCJN “debe representar al pueblo y no a los intereses que buscan regresar a México al antiguo régimen de privilegios en el que esta misma institución destacaba por su sumisión silenciosa, incondicional y vergonzosa a la voluntad de los presidentes de la República en turno”.
También, dejaron en claro su “apoyo sin reservas” al Jefe del Ejecutivo federal en su convicción de que la Corte debe caracterizarse por la institucionalidad, honestidad, austeridad y el decoro republicano, así como por un compromiso con el interés nacional y popular.
