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Tomado de: Alejandro Matty Ortega – Dossier Politico
Hermosillo, Sonora (IN).- Durante décadas, el saqueo indiscriminado de minerales como oro, plata y cobre, así como la devastación del medio ambiente y el agotamiento y contaminación de las fuentes y reservas de agua, ha permitido a las compañías mineras apoderarse del 30 por ciento de Sonora,
Desde septiembre del 2014, tras el derrame tóxico en el Río Sonora, la Secretaría de Economía (SE) reveló que las compañías mineras instaladas en la región poseen el 30 % del territorio sonorense para explorar y explotarlas a fin obtener la riqueza mineral de Sonora ante una débil legislación ambiental que abre paso al saqueo, la contaminación, devastación e impunidad.
En un estudio realizado por la dependencia federal se establecio que a nivel nacional estas compañías en su mayoría trasnacionales, explotan al menos unos 36 millones de hectáreas y basaron esta vorágine en el Artículo 6 de la Ley Minera: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno…”.
Se espera que con la reciente reforma la Ley Minera, se logre revocar y cancelar algunas concesiones mineras en Sonora y México.
Lesa humanidad
El pasado 25 de agosto del 2014, en un frente común, la Sección 65 del Sindicato Minero, integrantes de la Tribu Yaqui, Movimiento Pro Liberación de Mireles entre otros organismos no alineados, alzaron la voz contra “El Monstruo” del Grupo México, responsable del derrame de tóxicos en el Río Sonora, donde destacó el entonces líder de la Sección 65, Sergio Tolano Lizarraga.
“Crímenes que van desde los daños a la naturaleza hasta la demostración de un desprecio sin límites en contra de la vida humana, como ocurrió en febrero del 2006 en Pasta de Conchos, cuando este corporativo, con el consentimiento del gobierno de Vicente Fox”, denunció el entonces secretario general de la Sección 65.
La contaminación de las aguas del Río Sonora es la proverbial gota que derramó el vaso, con relación a la larga lista de crímenes cometidos por corporativos como el Grupo México… con el consentimiento del gobierno de Vicente Fox, después de un análisis costo-beneficio, juzgaron inviable el rescate de 65 mineros que fueron abandonados y terminaron sepultados en el interior de la mina”, refirió Tolano Lizárraga.
En un posicionamiento, el Comité de Difusión del Sindicato minero expone que después de un largo proceso jurídico se le dio la razón a Mexicana de Cananea, Grupo México, de que los reclamos que hacían los mineros de la Sección 65 del Sindicato Minero no tenían sustento alguno e incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su fallo y minimizó los argumentos del Sindicato Minero, donde le dieron la razón a Grupo México para que siguiera operando la mina.
“Ahora, aquellos reclamos quedan a la vista, lo inevitable sucedió una vez que la contaminación y devastación del río Bacanuchi y Río Sonora son los que están pagando las consecuencias de una total negligencia de las autoridades encargadas en su momento, de haber impartido la justicia y lo señalamos así porque en aquel tiempo, el reclamo eran de mil 200 trabajadores en huelga y ahora son 25 mil familias las afectadas en 7 Municipios”, precisó.
Los mineros de la Sección 65 apuntan que “ellas han perdido el sustento y los ingresos familiares porque hay que señalar que son municipios que viven de lo que las tierras y el agua les da para que puedan producir y tener el sustento económico de sus familias”.
Pero, ¿qué pensarán aquellos que tuvieron en sus manos y tomaron la decisión de dar la razón a Grupo México y declarar que no había motivos de huelga para que la empresa siguiera con sus actividades?, ellos también son responsables de esta catástrofe ecológica que viven las comunidades del Río Sonora.
El entonces dirigente de la Sección 65 del Sindicato Minero Metalúrgico llama a los ciudadanos a emprender una lucha contra quien ha envenenado el Río Sonora y ha discriminado a los trabajadores de Cananea en su propia tierra, que es Germán Larrea, dueño de Grupo México.
Acompañando a organizaciones sociales, sindicales y civiles, Sergio Tolano Lizárraga, entonces líder de la Sección 65, dijo que los trabajadores de Cananea quieren integrarse a la sociedad por medio de un trabajo, después de que la empresa “amafiada” con el Gobierno de Felipe Calderón les arrebatara el Contrato Colectivo de Trabajo.
Recordó que la Sección 65 inició la huelga precisamente por las condiciones de inseguridad, que fueron constatadas en actas y documentos que también revelan que los derrames que hoy generaron tragedia fueron denunciados con anterioridad.
Desde la existencia de Grupo México a la fecha hay cerca de 500 muertes de mineros, asegura que ante esos empresarios que provocan muerte y contaminación se tiene que alzar la voz y demostrar la inconformidad que se tiene con ese tipo de empresarios como Germán Larrea y su Grupo México.
Río Sonora
En el informe presentado por la Comisión Especial del Congreso de la Unión se establece que el día 6 de agosto de 2014 la minera Buenavista del Cobre S. A. de C. V. ubicada en el municipio de Cananea, Sonora, derramó 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre (CuSO4) en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora como consecuencia de una falla en la tubería de salida de una represa.
El derrame ocurrió en la represa denominada “Tinaja 2”, en la que se depositan los desechos de lixiviación.
Los excedentes contaminaron el río Bacanuchi afluente del río Sonora, el cual descarga sus aguas en la presa “El Molinito” y la presa “Abelardo L. Rodríguez”, por lo que se presentaron afectaciones en los iniciales en los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures, con una población total aproximada de 24 mil 48 habitantes.
El 7 de agosto de 2014 habitantes de la zona informaron a la Unidad Estatal de Protección Civil del Gobierno de Sonora la coloración inusual del Río Bacanuchi.
La empresa notificó el incidente a la autoridad federal vía telefónica el día 8 de agosto y formalmente hasta el 12 de agosto, por lo que Conagua procedió a realizar una visita técnica en el lugar del incidente y elaboró un Dictamen Técnico que demuestra que el derrame se ocasionó por la falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubificación) en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías, imputable a la empresa.
El Monstruo
El día 26 de agosto de 2014 quedó instalada la Comisión Especial y se aprobó por unanimidad el Plan de Trabajo, cuyo objetivo general es dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias tóxicas contaminantes en los ríos Sonora y Bacanuchi por la empresa minera Buenavista del Cobre propiedad del Grupo México para coadyuvar con la investigación, proponer soluciones, deslindar y fincar responsabilidades.
Se concluye que Grupo México se condujo con falsedad desde un primer momento, ya que a pesar de tener conocimiento del derrame se abstuvo de dar aviso oportunamente a las autoridades correspondientes durante varios días, permitiendo que la contaminación de las aguas subsistiera para posteriormente señalar que el derrame había sucedido a causa de las lluvias, lo que fue desmentido por la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, evidenciando su indolencia ante la magnitud del problema, por lo que expusieron y sigue exponiendo al peligro a la población afectada, sin caber la menor duda de que la empresa minera incurrió en delitos en materia ambiental.
El Grupo México se ha abstenido de explicar en función de qué criterios se está indemnizando, cómo se han cuantificado los daños y con qué recursos se está pagando, aún cuando la empresa fue requerida para entregar dicha información a la Comisión Especial.
El derrame
Esta Comisión Especial para el seguimiento del caso de derrame de sustancias tóxicas en el Río Sonora y Bacanuchi, derivado de la visita a la zona afectada, detectó diversas irregularidades por parte del Grupo México, ya que durante el sobrevuelo en la región se observó que no se han realizado las reparaciones necesarias a la infraestructura de represos de lixiviados de la minera Buenavista del Cobre.
Se pudo apreciar claramente que el tubo que se refiere roto y del cual emanaba la sustancia derramada no ha sido arreglado, mismo que, junto a una pileta a medio construir río abajo, y una tercera pileta, que no se construyó constituyen una clara violación a las normas que se emiten para la operación de una mina de esta naturaleza.
Se comprobó que, para un problema de la magnitud de este derrame en las inmediaciones del Río Sonora, se observaron pocos trabajadores en labores de limpieza, además de que la arena que se retiraba del afluente se estaba llevando a espacio a cielo abierto junto a la minera Buenavista del Cobre en Cananea.
Ante las circunstancias expuestas, se considera que la mina no debe estar en operación, pues no se tiene certeza de dónde se están depositando los desechos tóxicos.
De acuerdo con toda la información recabada, la Comisión Especial considera indispensable evaluar la suspensión de actividades de la mina Cananea operada por Grupo México, hasta tanto se determinen con precisión los daños, se garantice el resarcimiento del medio ambiente y la indemnización a toda la población afectada.
El Poder Ejecutivo Federal y Local deben asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes a la empresa minera por los daños ocasionados.
La Comisión Especial seguirá recabando los informes de las diferentes dependencias, para fundamentar la transgresión a la normatividad y exigir en su caso a la Secretaría de Economía la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México.
Debe dejarse en claro que las capacidades reguladoras y sancionadoras del Estado Mexicano no deben pasarse por alto, y esta Cámara de Diputados está obligada a ponderar las herramientas jurídicas con las que se cuenta, y en su caso, para dotar al Estado del fundamento legal que se requiera y hacer efectivas sus capacidades reguladoras y sancionadoras, llevando a cabo las reformas necesarias a la legislación ambiental, minera y de aguas para garantizar la completa reparación de los daños.
Con la información que se nos presentó, la Comisión Especial solicita a las autoridades federales una sanción ejemplar, penal, civil y administrativa en contra de la empresa minera Grupo México y los mandos directivos que resulten responsables.
Resulta indispensable exigir a Grupo México el pago total y resarcimiento de los daños ambiental, económico y social, causados a los habitantes de los municipios afectados.
Para esta Comisión Especial es trascendental que por la gravedad del daño ambiental, el Gobierno federal integre un grupo multidisciplinario que evalúe los daños en la zona, en la cual se incluya a Sedesol y Sagarpa, quienes, de acuerdo con las atribuciones que tienen conferidas en la ley, determinen el impacto económico, social y agrícola que se ha causado a la población de los municipios afectados.
Es urgente que las autoridades correspondientes cuantifiquen los daños económicos, sociales y ambientales, entre otros, incluyendo la afectación a aguas nacionales y a la biósfera, a corto, mediano y largo plazo y en general, todos los daños causados a los habitantes de los municipios afectados.
El Grupo México, de acuerdo con la práctica internacional, deberá responder del daño ambiental causado, compensando, resarciendo, restaurando e indemnizando, independientemente de las sanciones administrativas, civiles y penales que conforme a la legislación corresponda.
Esta Comisión Especial considera que la evaluación de los daños comprende dos etapas: Determinar las consecuencias biofísicas del derrame; y, determinar las pérdidas económicas asociadas a las consecuencias biofísicas.
Se considera que Buenavista del Cobre es estrictamente responsable por tres tipos genéricos de costos:
Costos de mitigación y limpieza del daño; daños particulares (jornaleros, productores, comercio, ganaderos, hogares y en los niveles de morbilidad presente y futura atribuible al derrame); daños a recursos de la nación (aguas superficiales, recursos del subsuelo y ecosistemas).
Los daños causados por el derrame incluyen, pero no se limitan a:
Cambios adversos en la sobrevivencia, crecimiento y reproducción de las especies asociadas a las actividades agropecuarias; cambios adversos en procesos ecológicos; cambios adversos en la calidad y estructura del hábitat físico y químico, humano y de la biósfera; cambios adversos en los servicios públicos.
Cambios adversos en la conducta, ingreso y en la composición de las comunidades.
Los recursos naturales afectados producen bienes y servicios que constituyen un beneficio social y que su daño transitorio, de mediano o largo plazo significa una pérdida de valor social.
La Comisión Especial considera que la responsabilidad al causante del derrame de los desechos tóxicos debe incluir:
Compensación por el valor social perdido a causa del incidente; restauración física de los daños ambientales; sanción civil, penal y administrativa atribuible a la empresa minera causante del derrame; suspensión de las actividades extractivas y de transformación que el agente económico responsable ha llevado a cabo en los municipios afectados.
La Comisión exige que Grupo México asuma la responsabilidad de la carga del costo social completa por el derrame de sustancias tóxicas.
La Comisión Especial no puede reconocer los cálculos de los daños hasta que sean técnicamente cuantificados y proyectados, en donde los criterios de valuación sean conforme a los criterios nacionales e internacionales.
La Comisión Especial considera que de acuerdo con toda la información vertida en el presente informe, no existen las condiciones técnicas, de responsabilidad estricta y de conducta preventiva y de restauración, por parte del causante del derrame para que reanude sus operaciones en su totalidad, por lo que la suspensión de actividades de Buenavista del Cobre debe ser inmediata.
Por la gravedad y trascendencia de la contingencia materia de este documento, se considera de suma importancia se dé una vasta difusión al presente informe.
Buenavista
De acuerdo con el análisis de los integrantes de esta Comisión, consideramos que la mina Buenavista del Cobre no ha generado ningún beneficio para la región y hemos advertido que la minera incumple con los derechos laborales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues así lo pone de manifiesto el conflicto laboral con la Sección 65 del Sindicato y la restricción de la mina para contratar a trabajadores de Cananea y/o ligados a ex trabajadores miembros de la Sección 65.
Al margen de las conclusiones generales expuestas y derivado de la visita a la zona afectada se hacen las siguientes recomendaciones:
El Estado de Sonora y sus habitantes no se han beneficiado de la explotación de sus recursos naturales.
La extracción de sus riquezas minerales no ha ayudado a elevar el nivel de vida de los sonorenses.
La empresa Grupo México y su filial la mina Buenavista del Cobre S.A. de C.V. lejos de actuar como una empresa responsable, respetuosa del medio ambiente y solidaria con la población de la zona, ha puesto en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región.
Una mina que reporta ganancias de 4.4 millones de dólares diariamente, que cuenta con un historial negativo y de impunidad, que no protege la salud de sus trabajadores y cierra centros hospitalarios (Hospital del Ronquillo), que no respeta sus derechos laborales y que no contrata personas de Cananea y exhibe letreros discriminatorios en las puertas de sus instalaciones, no puede ser considerada en México como una empresa socialmente responsable.
El Fideicomiso
Es por ello, que esta soberanía recomienda la creación de un Fondo de Desarrollo Regional, solventado por la empresa, que comprenda todos los aspectos básicos para la reactivación económica y social de Sonora, como lo son: salud, alimentación, educación, infraestructura, trabajo y recuperación de todas las actividades productivas y económicas, como un mecanismo compensatorio que restituya la equidad distributiva con un piso inicial de 5 mil millones de pesos, aportado por la empresa, y detone el potencial de desarrollo que Grupo México le ha escamoteado a la entidad.
El fideicomiso anunciado por el Gobierno federal con cargo a Grupo México, que tendrá un monto inicial de 2 mil millones de pesos, debe tener un enfoque preponderantemente humano y priorizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los jornaleros, productores, comerciantes, ganaderos, a las víctimas del derrame y en general, a toda la población afectada de la región, con una perspectiva a largo plazo que permita evaluar la suficiencia de los recursos y cuantificar las aportaciones necesarias para el resarcimiento del daño social, económico y ambiental infligido.
Esta instancia debe contar con un comité técnico especializado que decida los objetivos y que tenga un manejo transparente de los recursos, alejado de toda entrega selectiva o politizada.
El fideicomiso solventado por la empresa debe garantizar a los municipios afectados el abasto suficiente y oportuno de agua potable, tanto para consumo humano a través de plantas potabilizadoras, de la infraestructura necesaria que permita a los pobladores ejercer su derecho fundamental de acceso al líquido vital, como para sus múltiples actividades (incluido el uso agrícola y ganadero) y que cumpla con los estándares de calidad.
Asimismo, transparentar y publicitar el monitoreo permanente que realice Conagua, a efecto de otorgar certeza y confianza a la población.
Hacer valer el imperio de la ley, exigiendo a todas las autoridades competentes el ejercicio de todas las acciones y recursos civiles, penales, administrativos y laborales a que haya lugar, para sancionar de manera ejemplar a la empresa y personas que resulten responsables.
Hacer un llamado a la autoridad competente a redoblar las acciones de vigilancia y supervisión de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., a fin de revisar las violaciones en que ha incurrido la mina y prevenir cualquier otra en el futuro, en materia ambiental, laboral y en general de seguridad industrial, con objeto de proceder a la suspensión de actividades y a la evaluación de la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México.
Esta Comisión Especial considera urgente e indispensable que las comisiones ordinarias correspondientes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presenten un paquete legislativo que fortalezca al Estado mexicano en su función reguladora y sancionadora, que eleve los montos de las multas y sanciones, que dote al Estado de capacidad para actuar con prontitud; una legislación que cuente con un protocolo claramente definido de los pasos a seguir en caso de cualquier contingencia, sea la actividad de que se trate de cualquier empresa, asimismo que contenga los siguientes principios fundamentales:
1. Sanciones y multas de acuerdo al daño generado, proporcional a las ganancias percibidas y a la reincidencia en ilícitos.
2. Cuando se presente una contingencia ambiental considerada importante por la autoridad correspondiente, debe estipularse claramente que la suspensión de actividades debe ser inmediata, hasta tanto no se realice la investigación que permita el deslinde de responsabilidades.
3. Debe fortalecerse la capacidad de la autoridad competente para aplicar multas y sanciones de manera directa e inmediata.
4. Debe quedar clara la responsabilidad de que el que contamina paga no solamente la remediación ambiental y la indemnización a las personas directamente afectadas, sino todo lo que comprende la recuperación económica, ambiental y social de una comunidad.
Con independencia del monto de las multas, el que contamina no sólo es responsable del daño ambiental, sino también de las afectaciones económicas y sociales.
5. Pierde la concesión quien contamina y pone en riesgo los ecosistemas y la vida humana.
Incluir al municipio de Cananea en el programa de poblaciones afectadas.
Garantizar el acceso oportuno a servicios de salud de calidad para atender las repercusiones y afectaciones presentes y futuras provocadas por el derrame ocasionado por la mina Buenavista del Cobre S.A. de C.V., así como realizar los estudios necesarios, a efecto de determinar si la región afectada presenta una mayor incidencia en enfermedades y afecciones imputables a la contingencia tales como cáncer, malformaciones, padecimientos crónico-degenerativos y envenenamiento paulatino, entre otras.
Que la empresa cumpla con las medidas sanitarias pertinentes, emitidas por la autoridad competente, con el objeto de proteger la salud de los pobladores.
Garantizar a los pobladores de la región el pleno ejercicio de sus derechos humanos, como el acceso al trabajo digno, sin que medie ningún tipo de discriminación.
Después de sobrevolar la mina de Buenavista del Cobre, en Cananea, los diputados federales integrantes de la Comisión Especial advirtieron que el Grupo México aún no repara las fallas de la conexión de una válvula que provocó el derrame de 40 ó 240 mil millones de metros cúbicos de ácidos.
