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Tomado de: Zósimo Camacho / Contralínea
Dia de publicación: 2023-03-30
Al cierre de 2022, la deuda de los estados y municipios mexicanos se colocó en 684 mil 395 millones 800 mil pesos. El monto es superior en 17 mil 571 millones 500 mil con respecto de diciembre de 2021.
El estudio Obligaciones financieras de las entidades federativas de México. Cuarto trimestre de 2022, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, ubica al estado de Coahuila en los primeros lugares de todos los indicadores con los que se evalúa el nivel de endeudamiento.
Fechado el 10 de marzo pasado, el documento identifica al conjunto de la deuda de los estados y municipios como “deuda subnacional”, para diferenciarla de aquella “nacional” adquirida por el gobierno federal.
Los estados con los mayores montos de la deuda contraída no necesariamente son los que presentan problemas de endeudamiento. Por ello, el estudio evalúa las capacidades de pago con base en siete indicadores. En todos ellos aparece Coahuila entre los cinco primeros lugares.
La entidad es uno de los últimos bastiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, junto con el Estado de México, tendrá elecciones este año. El 4 de junio próximo ambas entidades elegirán nuevo gobernador. Y en el caso de Coahuila, se renovará también el Congreso local.
El priísta Miguel Riquelme Solís dejará el gobierno de Coahuila con una deuda de, al menos, 39 mil 552 millones de pesos, considerada alta según el tamaño de la economía estatal y de su población.
FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
En el caso del Estado de México, el también priísta Alfredo del Mazo Maza dejará el cargo de titular del Poder Ejecutivo estatal con una deuda de 64 mil 455 millones 900 mil pesos. Aunque el monto es mayor en casi 95 por ciento con respecto de Coahuila, el gobierno mexiquense está en mejores condiciones de hacer frente a sus obligaciones contraídas, debido al tamaño de su economía y nivel de ingresos totales.
Al 31 de diciembre pasado –cierre del cuarto trimestre de 2022– el monto total de la deuda del gobierno estatales y municipales en México sumó 684 mil 395 millones 800 mil pesos. El monto es superior en 17 mil 571 millones 500 mil pesos con respecto del último trimestre de 2021. Al final de ese año la deuda era de 666 mil 824 millones 200 mil pesos, advierte el documento.
La deuda de los gobiernos de los estados alcanza, en conjunto, 601 mil 117 millones 600 mil pesos (el 87.8 por ciento). La de los entes públicos estatales, 43 mil 342 millones 200 mil (el 6.3 por ciento). La de los municipios, 37 mil 701 mil millones 100 mil (el 5.5 por ciento). Finalmente, la de los entes públicos municipales suma 2 mil 234 millones 800 mil pesos (el 0.3 por ciento).
Los principales acreedores de los gobiernos estatales y municipales son los bancos privados, es decir, la banca múltiple. Ahí se concentra más de la mitad del crédito otorgado: 367 mil 722 millones 700 mil pesos, que representan el 53.7 por ciento del total. Por su parte, la deuda con la banca de desarrollo (pública) es de 254 mil 498 millones 500 mil pesos, lo que significa el 37.2 por ciento. Mientras, los compromisos contraídos mediante emisiones bursátiles suman 53 mil 530 millones 900 mil pesos, el 7.8 por ciento. Y otros conceptos, como los fideicomisos, significan el 1.3 por ciento: 8 mil 643 millones 600 mil pesos.
La deuda por sí misma no debe ser motivo de preocupación si se cumple con la normatividad ya establecida, advierte César Armando Salazar López, doctor en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la misma Universidad, César Salazar señala que no se debe “estigmatizar” la adquisición de deuda ni pensar que “es necesariamente mala”. A menos, ataja, que no se cumpla con la normativa y no se tenga claridad del destino de los recursos.
Experto en problemas de crecimiento y distribución del ingreso en los países de industrialización tardía, explica que algunos estados de la República resultaron más afectados que otros a causa de la pandemia de Covid-19, que impuso medidas de aislamiento. “Lo que se tiene que observar es función de para qué se contrata la deuda. Si el tema de la deuda tiene que ver con generar capacidades productivas o infraestructura, es es una buena inversión de corto plazo o de mediano plazo”.
De manera absoluta, las entidades que mayores montos de deuda presentan son la Ciudad de México, con 98 mil 937 millones 700 mil pesos; Nuevo León, con, 98 mil 575 millones 300 mil; el Estado de México, 64 mil 455 millones 900 mil; Chihuahua, 50 mil 881 millones 300 mil, y Veracruz, 46 mil 817 millones de pesos.
Sin embargo, no necesariamente las entidades con los mayores montos son las que tienen problemas para enfrentar sus compromisos. Se deben considerar el tamaño de sus respectivas economías, el número de sus poblaciones y, entre otros indicadores, el porcentaje que representan los compromisos con respecto de sus ingresos, las participaciones federales y el producto interno bruto estatal (PIBE).
De hecho, el documento asienta que “el peso relativo de la deuda subnacional entre las entidades federativas puede apreciarse mejor mediante el uso de un conjunto de indicadores”. Además de los anteriores, cita la tasa de interés y el plazo de financiamiento.
La deuda per cápita se refiere al “monto de la deuda que le correspondería pagar a cada habitante de un estado si la misma se repartiera equitativamente entre el total de la población”.
Las cinco entidades que presentan un mayor endeudamiento según el indicador per cápita son: Nuevo León, con una deuda de 17 mil 112.7 pesos por persona; Chihuahua, con 13 mil 146.3; Quintana Roo, 13 mil 48.4; Coahuila, 11 mil 973.8 y la Ciudad de México, con 11 mil 9.3 pesos.
Con respecto de la deuda como porcentaje del PIBE, el informe advierte un “repunte” de los montos de la deuda durante el periodo de la pandemia de Covid-19. En términos generales, en 2020 el incremento fue del 2.8 por ciento; mientras que en 2021, fue del 3 por ciento.
Cuatro casos son motivo de preocupación, de acuerdo con el documento. “Por entidad federativa destaca Quintana Roo por presentar una deuda casi tres veces mayor al promedio subnacional de 2.6 por ciento, con un saldo de la deuda subnacional de 6.6 por ciento del PIBE. Asimismo destacan otros estados por sus altas proporciones en este indicador”.
Se refiere a Chihuahua, con el 5.8 por ciento; Chiapas, 5.5 por ciento; Nuevo León, 4.9 por ciento y Coahuila, con un 4.4 por ciento.
Otro indicador del manejo de la deuda de los estados se obtiene como porcentaje de los ingresos totales de cada entidad. Desde este punto de vista, “destaca el estado de Nuevo León, con una cifra de 88.3 por ciento de sus ingresos totales. Asimismo, resaltan: Coahuila, con un 69.5 por ciento; Quintana Roo, 67.8 por ciento y Chihuahua, 64.2 por ciento”. Le sigue Sonora, con un cociente del 44.4 por ciento.
Uno de los indicadores en los que pone énfasis el documento es el de la deuda como porcentaje de las transferencias del ramo 28. Se refiere a uno de los dos rubros mediante los cuales la Federación entrega recursos a los gobiernos estatales.
“Las Participaciones Federales a estados y municipios constituyen uno de los componentes más relevantes de sus ingresos, al representar el 48.3 por ciento del Gasto Federalizado presupuestado para el ejercicio fiscal 2022. Asimismo, éste último es el componente más relevante de los ingresos locales, pues representa el 88.8 por ciento de los mismos.”
Sobre los estados de la República peor calificados según este indicador, el documento del CEFP advierte:
“Por presentar niveles de este indicador de más de dos veces y medio el promedio subnacional de 62.2 por ciento, sobresalen las siguientes entidades federativas: Nuevo León, con una deuda que representa un 195.4 por ciento de sus participaciones; Quintana Roo, 166.4 por ciento; Chihuahua, 161.1 por ciento, y Coahuila, 159.7 por ciento”. Enseguida se encuentra Sonora, con 110.1 por ciento.
Otro indicador es el de la tasa de interés promedio ponderada. Con datos al 31 de diciembre pasado, las más elevadas son las de Querétaro, con un 12.3 por ciento; Durango, 12.2 por ciento; Zacatecas, 11.7 por ciento, y Sonora, Coahuila y Quintana Roo, con el 11.6 por ciento.
Finalmente, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios –en específico en su artículo 43– los estados pueden afectar sus participaciones federales en garantía o como fuente de pago a través de un fideicomiso público sin estructura que funja como acreditado en el financiamiento u obligación correspondiente.
Los estados con las mayores proporciones de afectación son la Ciudad de México, con el ciento por ciento; Coahuila, 90.2 por ciento; San Luis Potosí, 86.4 por ciento; Estado de México, 85.7 por ciento, y Guerrero, con el 84.5 por ciento.
El doctor en Economía César Salazar advierte que, en el caso de aquellas entidades con deudas que puedan generar problemas también debe revisarse la actuación de los Congresos locales. Explica que un gobierno por sí solo no puede endeudar al estado.
“Las deudas tiene necesariamente que pasar por los congresos locales”, explica. Advierte que, con frecuencia, en las entidades de la República se generan “ciertas mayorías políticas en los Congresos” que terminan por endeudar a los estados.
De ahí la necesidad de que se estén realizando auditorías al proceso de adquisición de la deuda y, sobre todo, los usos que se les da a esas deudas.
Salazar López señala que se deben hacer uso de los mecanismos de supervisión para que haya seguridad en el uso de los recursos y castigar la opacidad o mal uso de los mismos.
