Pablo Gómez: La FGR ya tiene suficiente para judicializar el caso del expresidente

“Nuestro punto de vista no es más que un punto de vista, no pretendemos ser quienes toman esas decisiones y respetamos la esfera de competencia del Ministerio Público. […] El Ministerio Público lo sabe y no solamente sabe lo que nosotros le decimos, sabe lo que ellos investigan por su lado que tiene que ver con otras cosas. Yo estoy a la espera de que el Ministerio Público integre todo esto y ya tiene suficientes elementos para pedirle a un Juez que le conceda una audiencia de imputación, ese es el inicio de todo proceso de carácter judicial”.

El titular de la UIF indicó descartó que Peña Nieto haya sido citado a declarar y recordó que desde mayo de 2022 el político mexiquense vive en España con un permiso migratorio conocido como “‘golden visa”, el cual permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros, como lo hizo el expresidente priista, según ha revelado el diario español El País.

“No creo que lo haya citado a declarar ningún Tribunal, ni siquiera el Ministerio Público. Nosotros sabemos donde vive este señor, no es el único expresidente que ha cambiado domicilio”, expresó Pablo Gómez.

La UIF detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021, que fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España. También detectó que era accionista de dos empresas que realizaron operaciones irregulares de 2013 a 2018, incluyendo con una trasnacional contratista del Gobierno federal en su gestión de 2012 a 2018.

La UIF, frente a la cual está por Pablo Gómez, indaga las operaciones desde octubre de 2021 y ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.

Ante los señalamientos, Peña Nieto respondió en Twitter que espera “que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.

Posteriormente, el pasado 2 de agosto, la Fiscalía General de la República informó que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.

La institución encabezada por el Fiscal Alejandro Gertz Manero informó en un comunicado que la primera carpeta por delito federal abierta en contra del expriista es por “diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales”. Los avances permitirán que se judiacialice el caso en los próximos meses, detalló. Pero no se ha dicho más del tema.

Además, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, para las cuales ya se han solicitado pruebas tales como dictámenes periciales, hacendarios y fiscales. A esto se suma otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, para la cual ya se encuentran en proceso de desahogarse dictámenes fiscales y patrimoniales con las instituciones correspondientes y los peritos especializados en la materia.

Pero mientras apenas se sabe de las investigaciones en curso, Enrique Peña Nieto continúa en España con una vida de lujos, sin ser requerido por las autoridades mexicanas a las que se las ha exigido que los señalamientos no queden impunes.

“GARCÍA LUNA, EJEMPLIFICA ESTADO CORRUPTO”

La mañana de este jueves, Pablo Gómez denunció que Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y, que actualmente enfrenta un juicio en su contra en Estados Unidos por su supuesta relación con grupos del crimen organizado, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, la cual operó con impunidad durante 20 años.

El funcionario hizo esta acusación durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, espacio en el que presentó datos relevantes sobre el juicio de carácter civil que se lleva a cabo en el estado de Florida, Estados Unidos, en contra de “García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encabezada por este sujeto”.

De acuerdo con Gómez Álvarez, “bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 países con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares”.

A lo largo de su intervención, también dio a conocer que tiene “un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento”.

Al respecto, Pablo Gómez indicó que estas operaciones fueron posibles gracias al Estado de corrupción que imperó en México durante muchos años, en específico, dijo, durante los gobiernos de los llamados partidos de oposición, el PRI y el PAN.

“Es un sistema de corrupción de los varios que existieron durante ese periodo que se construyeron en el país dentro de un esquema que desde el punto de vista interpretativo es un fenómeno difícilmente visto en otros países. El Estado corrupto es aquel donde la corrupción se constituye como uno los pilares de la gobernanza, que es una cosa continua, sistemática en el cual la corrupción se convierte en parte de una forma de gobernar”.

El titular de la UIF detalló que la oposición, la misma que critica al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contribuyó a que la corrupción se expandiera y convirtiera en parte del mismo Estado durante los años que estuvo en el poder.

“Lo interesante de nuestro fenómeno político es que la oposición que durante 40 años había estado luchando contra la corrupción, según decía, lo asumió a plenitud, no solo lo asumió, lo reprodujo y lo expandió. Lo que hoy tenemos con el estudio de estas tramas de corrupción es eso, un nuevo partido que había sido víctima de fraudes electorales, se convierte en un sostenedor, impulsor, como lo quieran llamar del mismo Estado corrupto. El fenómeno es digno de tomarse en cuenta, es una transición perturbada hacia la democracia. La alternancia no es por sí misma democracia”.

“El Ministerio Público tiene toda la información y está la denuncia presentada por la UIF, el Ministerio Público tiene que hacer ese trabajo porque la UIF no es policía, no es una agencia de investigación criminal. Nosotros proveemos de información a las entidades públicas que las necesitan para el ejercicio de sus facultades constitucionales, pero lo que no podemos hacer es sustituir a esas instituciones en el ejercicio de facultades que están concedidas a ellas mismas. Nosotros lo que hacemos es aproximamos al conocimiento de los hechos, de la verdad y darle ese conocimiento a la autoridad para que actúe y procure justicia, nosotros no podemos procurar justicia, lo más que podemos hacer es clamar justicia”.

Pablo Gómez detalló que en México el delito de lavado de dinero no se puede judicializar si no hay denuncia de la UIF, por ende, dijo, el trabajo de esta dependencia es de suma importancia.

“Estamos en un dialogo con el Ministerio Público toda la vida, estamos planeando acción ministerial en el sentido que estamos haciendo las denuncias. La UIF tiene una peculiaridad mexicana, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, no se puede judicializar si no hay denuncia de la UIF, no se puede llevar a juicio a ninguna persona por operaciones con recursos de procedencia ilícita entonces el valor de las denuncias de la UIF es muy grande”.

“Ir al fondo lo más rápido posible. Hace un par de mese, hace poco. Claro, la denuncia de la UIF ya tiene su tiempo […] Yo espero que las cosas empiecen a correr más rápido, que los elementos con los que pueda contar el Ministerio Público sean consolidados todos ellos a efecto de poder presentar imputaciones contra García Luna. Como no es una cosa urgente desde el punto de vista del manejo de los procesos, a un diversos proceso penal entonces evidentemente la autoridad que hace la investigación en México no corre ninguna prisa, por más que pueda acelerarlo un juez podría ordenar una tercer aprehensión en contra de García Luna que no tendría una consecuencia porque él no está al alcance del Estado mexicano”.